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En los últimos cincuenta años, en marco de los principios de la diversidad étnica y cultural y de la diferenciación positiva, se han dado importantes avances en el reconocimiento formal de derechos diferenciados para los pueblos del mundo, particularmente para los pueblos de América Latina y el Caribe, esto a través de la aprobación de múltiples instrumentos polí­ticos y jurí­dicos y del establecimiento de importantes mecanismos institucionales para la promoción y protección de dichos derechos. El reconocimiento de estos derechos ha marcado hitos históricos en la relación de los pueblos y los Estados del mundo y de la región, aunque no necesariamente han sido relaciones amigables, porque es entendible que diseñar, definir e implementar polí­ticas públicas de atención diferenciada para la diversidad étnica y cultural de los pueblos implica adecuación institucional, flexibilidad de mente y de conciencia, visión de los momentos históricos y del estado de avance de los derechos fundamentales colectivos e integrales.

Entre los instrumentos polí­ticos y jurí­dicos vigentes que exigen a los Estados, a las instituciones públicas y privadas y a la sociedad en general acciones afirmativas y la implementación de polí­ticas públicas construidas con y para los pueblos, podemos recordar entre otros:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por los pueblos organizados en las Naciones Unidas en 1948; el Pacto de Derechos Civiles y Polí­ticos que en su artí­culo 27 estableció claramente los derechos diferenciados que les asisten a las minorí­as raciales, lingí¼í­sticas, religiosas, polí­ticas y culturales; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en todo su contenido y alcance exige a los Estados la implementación de programas y proyectos que garanticen el derecho a la diferencia étnica y cultural de los pueblos.

La Convención de Lucha contra Toda Forma de Discriminación aprobada por las Naciones Unidas en la década de los setenta y la Convención para la Promoción y Protección de la Diversidad Cultural aprobada por la Asamblea General de la UNESCO en el 2005, son instrumentos jurí­dicos contundentes que obligan, especialmente a las instituciones públicas, a la implementación de programas que garanticen la promoción, el fortalecimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indí­genas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado en 1989 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indí­genas de la ONU aprobada por su Asamblea General en el año 2007, son instrumentos fundamentales para el diseño, la definición y la implementación de polí­ticas y programas que garanticen los derechos que les asisten a los más de 5.000 pueblos indí­genas que perviven en el mundo. En América Latina, a pesar de las polí­ticas de sometimiento, de reduccionismo e integracionismo, perviven 670 pueblos indí­genas; aproximadamente 150 millones de afroamericanos; comunidades del milenario pueblo Room o Gitano; y comunidades campesinas y urbanas —según datos de CELADE, organismo especializado en censos de la CEPAL—, que requieren de polí­ticas públicas de atención diferenciada en el marco de los derechos a la diferencia que les asisten.

Dichos instrumentos no son ni pueden ser ajenos a las instituciones académicas, pues reconocen y garantizan derechos fundamentales, que a su vez son colectivos e integrales. Estos derechos deben ser garantizados a través de programas especí­ficos y transversales de carácter institucional que permitan la producción de conocimientos desde el diálogo de saberes en el marco de la interculturalidad.

Desde la década de los setenta en América Latina y el Caribe se ha avanzado significativamente en la implementación de programas de educación intercultural bilingí¼e (EIB), tanto en el nivel de básica primaria, secundarí­a y de pregrado en algunas áreas de las ciencias humanas, los cuales han permitido avanzar en la construcción de sociedades incluyentes e interculturales.

A nivel de postgrados, se conoce como experiencia exitosa la Maestrí­a en Educación Intercultural Bilingí¼e para los profesionales de los paí­ses andinos, impulsada a instancia de la Universidad San Simón (UMSS) de Cochabamba (Bolivia) con el apoyo tanto de la cooperación técnica y financiera del Gobierno alemán a través de la GTZ como de los Gobiernos de los paí­ses andinos. Hoy la Universidad sigue implementando el postgrado con recursos del presupuesto institucional. Dicho proceso ha permitido a través de la gestión de sus graduados fortalecer la polí­tica de la interculturalidad en cada uno de los paí­ses.

Otras de las experiencias exitosas de cobertura y proyección regional en la implementación de programas de formación académica a nivel de postgrados son los programas que viene implementando la Universidad Indí­gena Intercultural (UII) del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indí­genas de América Latina y El Caribe (Fondo Indí­gena). Dichos programas son aprobados por los 22 Gobiernos y organizaciones indí­genas parte del Fondo Indí­gena y son implementados por una Red de centros académicos y universidades que forman parte de la Red UII a nivel de la región y de Europa. El proceso de implementación de los programas de la UII está abriendo caminos hacia la interculturalización de la educación superior.

La UII implementa postgrados a nivel de diplomados, especializaciones y maestrí­as sobre los siguientes temas: Maestrí­a en Gestión de Salud Intercultural, Maestrí­a en Gestión del Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir-Vivir Bien Comunitario; Especialización en EIB; Diplomado en postí­tulos sobre Derechos Indí­genas, Gobernabilidad y Polí­ticas Públicas con Visión Indí­gena e Intercultural, Diplomado en Revitalización Lingí¼í­stica y Cultural y Postgrado en Fortalecimiento de los Derechos de las Mujeres Indí­genas con énfasis en el derecho a la participación polí­tica. Dichos programas se implementan bajo la modalidad semipresencial a través de la Red UII y con la participación de profesionales indí­genas y no indí­genas de los diferentes pueblos y paí­ses de la región. El eje central y transversal de todos los programas de la UII es la Cátedra Indí­gena Itinerante (CII), la cual es orientada por un grupo de 30 sabios y sabias indí­genas de la región.

Además de las dos experiencias antes descritas, existen otros esfuerzos puntuales en algunos paí­ses de la región impulsados por algunos centros académicos de educación superior que tratan de fomentar la polí­tica de la interculturalidad desde la academia para ayudar a construir sociedades interculturales entre los pueblos.

El gran reto que todos tenemos para seguir adelante en el impulso de la polí­tica intercultural, en el marco de los derechos diferenciados de lo pueblos, es la macropolí­tica de la globalización versus los derechos fundamentales, colectivos e integrales de Madre Tierra y de los pueblos. La polí­tica de la intercultural es un buen instrumento y estrategia para que en el mundo y en América Latina y el Caribe avancemos hacia la reconstrucción de la convivencia pací­fica entre los pueblos.

UNESCO