"El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas".
Paulo Freire
Hoy quisiera que reflexionemos sobre el modelo educativo actual en Latinoamérica, el cual ha sido objeto de análisis y críticas debido a los persistentes problemas de deserción escolar, abandono y bajos rendimientos en las evaluaciones estandarizadas internacionales y locales. Esta reflexión buscará analizar los desafíos que tenemos delante de nuestras narices, utilizando datos cuantitativos y cualitativos para proponer atisbos de soluciones que promuevan una educación de calidad centrada en la comprensión, la resolución de problemas y el ejercicio del pensamiento crítico como ejes centrales de una educación para la libertad.
Bien sabemos que los índices de deserción y abandono escolar en nuestras llanuras son extremadamente alarmantes. Según la UNESCO, aproximadamente el 30% de los adolescentes de la región no han finalizado la educación secundaria básica. Particularmente en Argentina, el Operativo Aprender del año 2022 nos reveló que el 44% de los estudiantes no alcanzan los niveles básicos de matemáticas mientras que un 29% tiene serias dificultades en el campo de la comprensión lectora.
Paralelamente, los resultados de las evaluaciones PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), muestran un panorama bastante preocupante: en la evaluación del año 2018 (previa a la pandemia, que condicionó aún más los resultados), países como Brasil, Argentina y Perú obtuvieron resultados por debajo del promedio de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. Particularmente en lectura, Argentina, que supo ser un faro de inspiración en su histórica lucha contra el analfabetismo, se ubicó en el puesto 63 de 77 países, evidenciando serias deficiencias en habilidades fundamentales para el aprendizaje básico de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
Ahora bien, tras haber expuesto esta escueta selección de datos estadísticos, procedamos a analizarlos para lograr comprender cuáles son las falencias más comunes en los sistemas educativos latinoamericanos. En primer lugar, es innegable la influencia que tiene la desigualdad social y económica en los resultados educativos: la pobreza, la falta de recursos y la imposibilidad de acceder a bienes y servicios básicos y esenciales para tener una vida sana limitan severamente el acceso, la permanencia y la terminalidad de una educación de calidad, especialmente si vemos que en estas latitudes lo que abundan son las zonas marginadas.
¿Cómo nos damos cuenta de ello? Procedamos ahora a justificar nuestra aseveración del crecimiento descomunal de la marginalidad en nuestras tierras. Un factor evidente e histórica es la masiva migración desde áreas rurales a las urbanas, manifestándose en un rápido crecimiento de barrios marginales (o como decimos acá, "villas miseria") y asentamientos informales en los alrededores de las ciudades. Sobre este asunto, en el año 2021 el Banco Mundial declaró en "Urbanización en América Latina " que alrededor del 20% de la población urbana de América Latina vive en este tipo de asentamientos en los cuales el acceso a luz, gas, cloacas, agua potable, educación y seguridad es extremadamente limitado. Un segundo factor determinante es el desempleo, el subempleo o el empleo informal e ilegal: las altísimas tasas de desempleo en la región han contribuido al aumento sistemático de una pobreza estructural. Según la publicación titulada "Panorama Social de América Latina 2020", la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el año 2020, la tasa de pobreza alcanzó el 33.7%, mientras que la pobreza extrema llegó al 12.5%. No es necesario ser muy erudito para darse cuenta que estas condiciones económicas adversas dificultan que las familias inviertan en la educación de sus hijos.
Otro asunto, bastante discutible dependiendo el contexto de cada país, es la insuficiente inversión pública en educación para cubrir las necesidades de las zonas más vulnerables. Particularmente sobre este asunto, la CEPAL en el año 2019 destacó en su documento "Gasto Público en Educación en América Latina y el Caribe", que los países invierten un promedio del 5% del PIB en educación, pero esta "inversión" no siempre impacta equitativamente, afectando siempre a las zonas más desfavorecidas. Dijimos previamente que este asunto es "discutible" porque si bien es innegable que los aportes económicos en el marco de la inversión educativa siempre son positivos, es necesario resaltar que no todos los problemas educativos se resuelven con plata, y lo veremos más adelante cuando encaremos los condicionantes culturales que no se dejan permear por las inyecciones de metálico.
Por último, es preciso recordar el asunto del impacto de la pandemia por COVID-19, traducido en una pandemia que sacó a la luz las desigualdades ya existentes, metidas bajo la alfombra. Según UNICEF en su publicación "Impacto de la COVID-19 en la Educación en América Latina y el Caribe" (2021), en el año 2020, al menos 97 millones de niños sufrieron interrupciones en su educación formal y obligatoria debido al cierre de las escuelas, siendo los niños de zonas marginadas los más afectados por la falta de conectividad y acceso a tecnología móvil.
En segundo lugar, la falencia más común detectada en Latinoamérica es la infraestructura deficiente de muchas escuelas que carecen de instalaciones adecuadas, materiales didácticos, conectividad y tecnología apropiados, afectando de esta manera negativamente el proceso "normal" de enseñanza-aprendizaje. No es extraño que nos encontremos con escuelas que carecen de condiciones básicas necesarias para un entorno de aprendizaje adecuado, por ejemplo, en Bolivia, situación expresada en el informe del Banco Mundial (2021) que reveló que alrededor del 40% de los establecimientos educativos rurales no tienen, directamente, electricidad, limitando el uso de las instalaciones básicas para poder cursar normalmente. Algo que también es muy común es la falta de instalaciones sanitarias adecuadas en varios países de la región. En el caso de Honduras, según UNICEF, el 25 % de las escuelas no tienen acceso al agua potable y un 30 % no cuenta con baños en perfectas condiciones, lo cual afecta ineludiblemente a la salud y el bienestar de los niños. Asimismo en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó en el año 2020 que aproximadamente el 50% de las escuelas públicas presentan algún tipo de deterioro en su infraestructura, como techos con goteras, paredes agrietadas y carencia casi total del mobiliario adecuado. Insisto, no hace falta ser un crack para darse cuenta que las condiciones que estoy describiendo no solo dificultan el aprendizaje en sí, sino que también representan un riesgo real para la seguridad de los alumnos y el personal docente. Al respecto, Silvina Gvritz (experta en educación y autora de varios estudios sobre infraestructura escolar en Latinoamérica) ha señalado que la falta de inversión en infraestructura escolar no hace otra cosa que perpetuar las desigualdades, limitando el potencial de los estudiantes. En sus palabras: "es esencial que los gobiernos prioricen la mejora de las condiciones edilicias para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y estimulante" (Gvirtz, Educación y Desigualdad en América Latina, 2019).
En tercer lugar, no podemos olvidar una piedra angular, a saber, la formación docente. Al parecer, es un reclamo recurrente en toda la región el de señalar que los maestros no reciben la capacitación continua necesaria para enfrentar los retos pedagógicos y tecnológicos actuales lo cual afecta directamente en la calidad de la enseñanza y, por ende, el aprendizaje de los estudiantes. En muchísimos de nuestros países, la formación inicial de los docentes no llega a cumplir con los estándares necesarios, según indica el informe del Banco Mundial en el año 2019, el cual destacó que en países como Nicaragua y Guatemala los programas de formación docente son prácticamente obsoletos y no preparan adecuadamente a los docentes para enfrentar los desafíos de lo que la precitada entidad de dudosa seriedad llama "aulas modernas". A esto debemos añadir la truncada y debilitada capacitación continua en servicio: una vez en el campo laboral, muchos docentes no reciben oportunidades de calidad para su desarrollo profesional. Puntualmente en Argentina, el estudio "Informe sobre Capacitación Docente en Argentina", de la Fundación Santillana en el año 2020 encontró que el 45% de los docentes no ha participado en ningún programa de capacitación continua en los últimos cinco años, lo cual impediría que se actualicen con nuevas metodologías de la enseñanza y tecnologías educativas.
Es innegable la importancia que tiene, en este punto, la calidad de la formación docente, la cual varía significativamente entre zonas urbanas y rurales. Para dar un ejemplo muy puntual, en Colombia, según el "Informe sobre Capacitación Docente en Zonas Rurales", de su Ministerio de Educación en el año 2018, se reveló que los maestros en áreas campestres tienen un 60% menos de probabilidades de recibir capacitación continua en comparación con sus colegas en áreas urbanas. Paralelamente, la integración de tecnologías en la educación impacta de manera significativa, en tanto que al menos un 30% de los docentes en América Latina se sienten poco preparados para utilizar herramientas digitales para la enseñanza, según señaló en el informe titulado "Tecnologías en la Educación en América Latina" la CEPAL en 2021. Correlativamente, la pandemia puso de relieve y sacó a la luz esta gran deficiencia, ya que muchos de los docentes no estaban equipados para la transición a la educación en línea. Por último en este apartado, no podemos dejar de mencionar que en muchos casos los sistemas de evaluación y retroalimentación para los docentes son denunciados como ineficaces en la región. En México, por ejemplo, un análisis denominado "Evaluación y Formación Docente en México", del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el año 2019 evidenció que un 70% de los maestros considera que las evaluaciones no reflejan adecuadamente su desempeño y no proporcionan retroalimentación útil para su desarrollo profesional (en otras palabras, amigos míos, "aprobar no siempre es aprender, y aprender no siempre valida para enseñar").
En cuarto lugar, tenemos que detenernos momentáneamente en el problema de los currículos desactualizados, los cuales reflejan que los programas educativos no siempre reflejan las demandas del presente, careciendo de énfasis en habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Este "desfase" no hace otra cosa que afectar la capacidad de los estudiantes para adaptarse a un mundo cada vez más complejo, competitivo y digitalmente avanzado. Un primer aspecto en esta deficiencia se centra en el enfoque puntual que se suele hacer sobre la memorización ya que muchos currículos en Latinoamérica siguen basados en un enfoque tradicional que privilegia el repetir de memoria los datos por sobre el desarrollo de habilidades críticas que permitan interpretar y comprender los contenidos que se enseñan. Sobre este aspecto, en el año 2018 el informe de la OCDE titulado "Evaluación de los Sistemas Educativos en América Latina", señaló que en países como México y Perú, el currículo escolar está centrado en la transmisión de conocimientos estáticos, sin fomentar adecuadamente el pensamiento crítico integral ni mucho menos la creatividad.
Asimismo, y siguiendo el hilo de los problemas curriculares, nos encontramos ante una casi total desconexión entre el mundo educativo y el mundo laboral, evidenciado en programas educativos que están estructurados a contrapelo del mercado laboral. Esto se encuentra constatado en el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado "Alianzas para el Desarrollo de Habilidades en América Latina" (2020), el cual resaltó que países como Argentina y Colombia cuentan con currículos que no preparan a los estudiantes con las habilidades técnicas y (mal llamadas) blandas necesarias para los empleos de nuestro siglo. Esto incluye habilidades digitales, trabajo en equipo, comprensión lectora avanzada y resolución de problemas complejos, todas indispensables para el correcto desempeño laboral, según las exigencias actuales, sobre todo si tenemos en cuenta que en menos del 40% de los currículos latinoamericanos se incorporan de manera explícita estas capacidades y competencias.
Conjuntamente, la rápida evolución tecnológica y social ha requerido que los currículos se actualicen constantemente mientras que, en el plano real, vemos que los programas educativos son lentos, anticuados y su reformulación demanda un esfuerzo burocrático que realmente es desalentador. Al respecto, el Banco Mundial destacó en el "Informe sobre la Actualización Curricular en América Latina" (2019) que en países como Honduras y El Salvador, los currículos no se han actualizado en más de una década, dejándolos obsoletos frente a las necesidades actuales precitadas. Pero, incluso cuando se realizan esfuerzos para actualizar los diseños curriculares, sucede que su implementación termina siendo desigual, como pudo demostrarse en el caso de Brasil, cuando el Ministerio de Educación lanzó la Base Nacional Común Curricular en el año 2017, representando un esfuerzo significativo para modernizar el currículo. No obstante, la Fundación Lemann indicó en su publicación "Implementación de la Base Nacional Común Curricular en Brasil" (2020), que la implementación ha sido considerablemente irregular, con diferencias notables entre establecimientos educativos urbanos y rurales.
Ahora bien, de nada sirve contar con currículos preparados al servicio de un mundo laboral futuro que prevé contratar cada vez menos personas. ¿Qué hacemos entonces? Al respecto, el director del Programa Internacional de Política Educativa de la Universidad de Harvard, Fernando Reimers, ha señalado en su publicación "Educación para el Siglo XXI: Currículos y Políticas Educativas" (2019) que los currículos deben evolucionar para preparar a los alumnos no solo para los trabajos calificados del presente y del futuro, sino para convertirlos en ciudadanos críticos y autónomos que se encuentren en condiciones de enfrentar ese mundo complejo y cambiante.
Correlativamente, la Fundación Carnegie en su estudio "Innovaciones Curriculares y Resultados Educativos Internacionales"(2020) destacó que los países que han adoptado currículos más modernos y flexibles, como los casos emblemáticos de Finlandia y Singapur, muestran mejores resultados en evaluaciones internacionales y una mayor capacidad de adaptación de sus estudiantes a cambios sociales y tecnológicos. El problema aquí radica en que el contexto de Finlandia nada tiene que ver con el de Singapur, y mucho menos con el nuestro. Si bien son ambas experiencias educativas muy exitosas, es prácticamente imposible pretender extrapolar a nuestra realidad histórica, social y cultural. En otras palabras, y esto va para los paladines del copie y pegue de modelos: la solución de un problema en un lugar puntual, debe surgir de ese lugar puntual. Un pequeño ejemplo de ello es el Plan Ceibal, en Uruguay, lanzado en el año 2007, el cual se convirtió en un modelo de integración de tecnología en la educación: este plan no solo buscaba proporcionar dispositivos electrónicos a los alumnos, sino que también renovó el currículo para incluir habilidades digitales y pensamiento crítico, mostrando significativas mejoras en los resultados académicos y en la preparación de los estudiantes para las nuevas versiones de eras digitales que advienen.
Finalmente y en quinto lugar, tenemos que hablar de los problemas administrativos y propios de la gestión misma. La burocracia y la falta de políticas coherentes y sostenibles no han hecho otra cosa que dificultar la implementación de reformas eficaces y significativas en la educación. Cualquier docente y/o director de escuela que lea esto sabe que es verdad: la burocracia excesiva en los sistemas educativos de Latinoamérica han impedido la agilidad necesaria en la toma de decisiones y la ejecución de los cambios necesarios que las instituciones piden a gritos hace años. Puntualmente y a modo de ejemplo, en México, el informe del INEE denominado "Informe sobre la Burocracia en el Sistema Educativo Mexicano" (2019), señaló que los procesos burocráticos en el sector educativo son complejos y lentos, lo que retrasa la ejecución de programas concretos y políticas necesarias para mejorar la calidad educativa. Consecuentemente, es inevitable que seamos testigos de una total descoordinación entre los diferentes estamentos de gobierno (nacional, estatal y municipal), convirtiéndose en un problema recurrente en nuestras naciones. En Brasil, el análisis titulado "Coordinación Intergubernamental en la Educación en Brasil "de la Fundación Getulio Vargas (2020) destacó que la falta de coordinación entre los gobiernos precitados resulta en políticas educativas fragmentadas y desiguales, afectando especialmente a las zonas marginales de las ciudades y a las áreas rurales.
Como si la descoordinación entre estratos estatales no fuese suficiente, debemos añadir (lamentablemente) la falta de coherencia en las políticas educativas mediante los intentos de reformas sostenibles cuando se utiliza la tan dañina política del "volantazo". Este accionar, muy común en Argentina, consiste en destrozar, dar de baja, cerrar y anular todo lineamiento educativo que haya implementado la gestión anterior. Sobre este asunto, el Banco Mundial publicó un estudio denominado "Políticas Educativas y Transiciones Políticas en Argentina" (2018), indicando que las políticas educativas cambian con demasiada frecuencia debido a las transiciones políticas, generando una inestabilidad permanente y una falta de continuidad en los programas educativos: esta situación no hace otra cosa que crear un entorno de incertidumbre para docentes y estudiantes que tienen la sensación de navegar sin rumbo en sus trayectorias educativas.
Previamente habíamos mencionado el asunto del financiamiento de la inversión educativa, y les planteé que ese tema era discutible. Pues bien, llegó el momento de presentar las argumentaciones pertinentes. El insuficiente financiamiento siempre va de la mano de una pésima gestión de los recursos, traducidos en problemas persistentes en casi todos los países de la región. Según el informe de la CEPAL titulado "Financiamiento y Gestión de Recursos Educativos en América Latina" (2020), muchos países destinan un porcentaje insuficiente del PIB a educación, sumado a la mala gestión que dichos recursos reciben al momento de administrarlos correctamente. Puntualmente en Perú, la Contraloría General de la República informó en 2019 que más del 30% del presupuesto educativo no se utiliza de forma eficiente debido a problemas administrativos (también conocidos como "corrupción"), dejando en evidencia, en este caso, que el inconveniente no es "cuánto se invierte", sino "cuánto llega a donde realmente tiene que llegar".
También, y con esto termino el apartado de la selección de inconvenientes, es preciso mencionar que la falta de capacitación genuina y de calidad en gestión educativa representa un problema significativo. Prueba de ello se ve reflejada en el análisis que realizó el BID en 2021, denominado "Eficiencia en la Gestión Administrativa Educativa", el cual destacó que muchos directores y administradores escolares en países como Colombia y Bolivia no reciben la formación necesaria para gestionar con eficiencia los asuntos escolares y los recursos, lo que impacta negativamente en la calidad de la educación:
"La burocracia y la falta de políticas educativas coherentes son dos de los principales obstáculos para la mejora del sistema educativo en América Latina. Es esencial reducir los trámites burocráticos y establecer políticas educativas consistentes y a largo plazo"
Emiliana Vegas, Obstáculos y Oportunidades para la Reforma Educativa en América Latina (2019).
Habiendo analizado los inconvenientes recurrentes con los que tenemos que lidiar en el ámbito educativo en América Latina, procedamos al aspecto propositivo de la reflexión, puesto que no todo inconveniente se dilucida en la queja y la crítica permanente sin intentar al menos dar propuestas. Al parecer, es esencial que adoptemos un enfoque integral que considere tanto los aspectos cuantitativos como cualitativos para proponer algunas estrategias.
En primer lugar, es urgente y necesario rever la inversión en infraestructura y tecnología, puesto que mejorar las instalaciones escolares y garantizar el acceso a internet y recursos tecnológicos y digitales es crucial para crear un entorno de aprendizaje adecuado. En segundo lugar, debemos atender la capacitación continua de calidad para nuestros docentes, implementando programas serios de formación y desarrollo profesional que actualicen las competencias pedagógicas y tecnológicas de nuestros maestros (docentes formados con pedagogía de la década del 50' están educando a chicos de la era digital. Sobre esa muralla, hay que trabajar intensamente). En tercer lugar, es preciso que consideremos, cada cual en su contexto, una reforma curricular profunda, adaptando los programas educativos para incluir habilidades del siglo en el que vivimos, sin descuidar los pilares básicos de toda formación para la libertad: comprensión lectora, resolución de problemas y pensamiento crítico y creativo. En cuarto lugar, es momento de desarrollar políticas educativas inclusivas y sostenibles que aborden las desigualdades y garanticen el acceso, la permanencia y la finalización de las trayectorias educativas, teniendo como foco siempre la calidad que le permita a los egresados formar parte de un mundo para el cual han sido preparados. Por último, es recomendable fomentar un cambio cultural y moral que implique una fuerte participación comunitaria, fortaleciendo los lazos de colaboración entre escuelas, familias y sociedades para apoyar el aprendizaje y el desarrollo integral de nuestros alumnos: una familia que desconoce la importancia de la formación educativa de sus hijos no puede esperar milagros de una escuela a la cual la sociedad le da permanentemente la espalda (en este viaje de búsqueda de dignidad, estamos todos implicados).
Sabemos que la implementación de estas propuestas no es fácil, pero también tenemos la certeza de que la transformación social sólo puede darse brindando a estudiantes y docentes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de un futuro que no es tan incierto. Para ello, las naciones debemos conformar sistemas educativos equitativos y de calidad que apunten no solo a la mejora de los resultados académicos, sino que también promuevan el desarrollo social y económico de una región que, a pesar de flotar sobre innumerables cantidades de recursos exquisitos, no puede salir adelante. En este sentido, autores como Paulo Freire han destacado la importancia de contar con una educación liberadora que empodere al que aprende para que sean capaces de ser agentes del cambio en sus comunidades:
"La educación no cambia el mundo; cambia a las personas que van a cambiar el mundo" (Freire, Pedagogía del Oprimido, 2005).
El aporte de Freire nos indica que vale la pena creer que la educación sea el único vehículo para el desarrollo sostenible, puesto que, contrariamente a lo que se viene sosteniendo y estableciendo en las políticas globales desde hace más de un siglo, es totalmente rentable y beneficioso contar con un pueblo capaz, libre, eficiente, educado y preparado para ofrecer una vida más digna a las presentes y futuras generaciones. Si, lo sabemos, nuestra educación enfrenta numerosos desafíos, entre los cuales solo hemos mencionado algunos, pero también tiene un enorme potencial para generar cambios positivos, siempre con un enfoque centrado en la posibilidad de preparar mentes libres que sean protagonistas de un futuro lleno de oportunidades. Eso sí, amigos míos, la responsabilidad es de todos, de usted, de su familia, sus vecinos, su municipio, su gobierno provincial, su gobierno nacional, puesto que, en teoría, somos todos los que queremos vivir en un mundo mejor, y eso solo es posible mediante nuestra educación.
Por: Lisandro Prieto Femenía
