La ministra de Justicia, Rosario Fernández, propuso declarar en emergencia el Poder Judicial (PJ), con la finalidad de iniciar una descarga procesal en la administración de justicia.
Indicó que con esta medida no busca enfrentarse con dicho poder del Estado, sino que existe una voluntad de parte del Ministerio de Justicia (Minjus) de abordar este tema con un propósito constructivo y “de la mano de los jueces”, pues, “existe un colapso”.
“A estas alturas habría que pensar sinceramente en declarar en situación de emergencia el Poder Judicial. Hay un poco más de 2 millones expedientes de carga pasiva, un Poder Judicial que tiene esta carga pasiva, no está cumpliendo su rol”, afirmó.
Fernández señaló que la primera medida urgente, tras declarar en emergencia al Poder Judicial, es la de sincerar la carga procesal; además de priorizar la atención de la carga, pues, dijo, algunos magistrados de juzgado con muchos expedientes por resolver, dictan clases o estudian varios cursos o maestrías.
Asimismo, durante una entrevista con CPN Radio, explicó que el posible decreto supremo deberá pedir además que el Poder Judicial ordene una descarga procesal.
En ese sentido, refirió que una de las medidas para apoyar esta labor, es emplear a quienes participaron en los exámenes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y no consiguieron plaza para que, de manera transitoria, apoyen esta labor de descarga.
“He avanzado lo suficiente en la investigación del tema como para hacerle una propuesta seria y concreta al Poder Judicial. Ojalá (que esta declaratoria) sea prenavideña, porque me gustaría mucho que fuese un tema que tomara (a su cargo) el primer día de gestión el nuevo presidente del Poder Judicial”, agregó.
En otro momento, precisó que los trabajadores judiciales también deberán colaborar con la descarga procesal, por lo que, se debe enfrentar su reclamo salarial “con el hecho de que tiene una carga” pendiente.
De otro lado, añadió que existen algunas medidas sencillas para solucionar el problema de descarga, como la tomada por una jueza de la Corte de Lima, quien, como plan piloto, instaló una minicentral de notificaciones.
“Hay una central de notificaciones, si hoy sale una resolución a uno le llega en 45 días, lo que no es razonable. (Si una magistrada) resolvió el problema, ¿cual es el interés de tener un solo proveedor de notificaciones?”, se preguntó la ministra.
Fuente: Andina
